Las denuncias al Real Decreto por incumplir el estado de alarma suponen una multa de entre 600 y 1.500 euros. Delegación del Gobierno puede (y debe) actuar de oficio en casos tan flagrantes en donde la transparencia y el cumplimiento de la normativa se ponen en tela de juicio.
Si Delegación del Gobierno no abre expediente administrativo en estos casos tan evidentes ¿por qué debería sancionar a otros ciudadanos?¿Acaso son estos tres representantes públicos diferentes de los ciudadanos de a pie?
No hay mayor ejemplo de igualdad que el cumplimiento de la normativa por parte de todos los integrantes de la sociedad.